Se revive la discusión pública sobre el derecho a morir dignamente y anticipar el deceso de pacientes terminales y ahora de aquellos que padecen enfermedades graves incurables. Ocurre en una coincidencia paradójica, cuando nos encontramos en medio de una pandemia por Covid-19 que ha incrementado la mortalidad en el país de manera muy significativa, ante lo cual se busca evitar los fallecimientos por esta enfermedad que es prevenible.

En esta ocasión el debate se ha centrado en ampliar el alcance de la jurisprudencia establecida por la sentencia C-239 de 1997 de la Corte Constitucional que fue ratificada en posteriores sentencias, lo que condujo a una reglamentación parcial en la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud que también fue corroborada en posteriores resoluciones. El gran ausente institucional de las decisiones ha sido el Congreso de la República que ha evadido durante los últimos 24 años los siete llamados de la Corte para que legisle sobre la materia.

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